Vuelve escultura robada hace 23 años al parque San Agustín

Después de 23 años de haber sido robada del parque arqueológico San Agustín, regresará a su lugar una estatua de esa cultura, que es apenas un ejemplo de la gravedad del robo y comercio de piezas arqueológicas del país hacia el exterior.

La estatua volvió a Bogotá desde Dinamarca hace cinco meses, junto con otras 255 piezas arqueológicas, tras una lucha jurídica de siete años. Es decir, fueron necesarias dos décadas y la intervención de abogados y peritos para demostrar que era nuestra.

Pero son numerosos los casos. Solo entre el 2001 y el 2010 fueron hallados en otros países 7.812 bienes arqueológicos que nos pertenecen. Y están pendientes 13 devoluciones de múltiples piezas arqueológicas desde Alemania, Italia, España, Suiza y Estados Unidos.

Algunos de estos litigios son conocidos como el caso Christie's, o Lempertz, la mayoría casas de subasta, pero también presuntos capos de esta mafia como el famoso Leonard Augustus Patterson.

El tráfico no para. Lo manifestó el ahora ex director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia Emilio Piazzini, a quien le llegó un correo electrónico de Alemania en el curso de esta entrevista. En él se veía la foto de una pieza precolombina y un texto en el que le alertaban que iba a ser subastada en ese país.

Ese era solo el primer momento de un largo y tortuoso proceso para recuperar el patrimonio arqueológico que salió de forma ilegal y que necesitará de esfuerzos diplomáticos y jurídicos para que retorne.

Los tipos de tráfico

El escape de nuestras piezas arqueológicas es histórico. Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando no había políticas de protección del patrimonio ni se consideraba ilegal su salida, se fueron grandes colecciones que hoy están en museos como el América, en España; el del Vaticano, o en Berlín.

"Ellos son unos de los grandes tenedores de obras arqueológicas, y otros, los que más nos preocupan, son los coleccionistas particulares, que se abastecen a través de redes de tráfico ilícito de piezas que salieron cuando el Estado colombiano ya tenía unas políticas y que son abiertamente ilegales", explicó Piazzini.

Entre el 2001 y el 2010, las autoridades de distintos países realizaron 75 incautaciones, algunas de ellas en casas de coleccionistas, que las adquirieron gracias a guaqueros e intermediarios.

Eugenia Serpa, coordinadora del grupo de Bienes Muebles del Ministerio de Cultura, dice que se trata de grandes mafias.

"Son mafias que tienen los contactos con particulares en Europa y Estados Unidos. Es muy difícil saber con certeza cómo sacan las piezas, pero fácilmente pueden hacerlo por aeropuertos, y en maletas".

La estrategia más común es camuflarlas entre réplicas para despistar a las autoridades de los aeropuertos. La cadena continúa afuera cuando esos mafiosos las venden en el mundo de las subastas.

"Una parte importante de las piezas arqueológicas extraídas ilegalmente del país está siendo subastada en grandes casas como Sotheby's (EE.UU), Gaia (Francia), Binoche Renaud Giquello (Francia), Millon & Associés (Francia) o Skinner (EE.UU.)", agregó el ex director del Icahn.

En esos casos, cuando Colombia recibe información de subastas, se activa una red entre las embajadas y, si hay suficiente tiempo, se envía un perito al país del remate para comprobar que es arte precolombino, o se contrata un experto en el terreno.

El problema es que el Estado no tiene un rubro para agilizar estos procesos.

"Cuando hay alertas, se comienza a hacer presión diplomática para que, por lo menos, las piezas no salgan a la venta", dice Serpa.

Pero no siempre lo logran, porque cada país tiene una legislación diferente y no todos están suscritos a un convenio de la Unesco que impide vender patrimonio.

En los últimos años, hubo siete ocasiones en las que fue imposible impedir la subasta.

En la impunidad

Si impedir el remate es difícil, el retorno de las piezas es aún más largo y tortuoso, porque el país reclamante no solo tiene que demostrar que esas piezas fueron robadas, sino también costear un abogado para un litigio internacional y pagar el retorno.

El Ministerio admite en un documento que no tiene cómo hacerlo.

"No existe un rubro específico o muy bajos recursos para cubrir los procesos judiciales, peritajes técnicos y transporte de las piezas recuperadas", dice el documento oficial.

Tampoco está tipificado el delito de tráfico ilícito de bienes culturales, así que no se puede capturar a una persona que tenga en su poder piezas arqueológicas.

Hasta ahora, Colombia solo tiene convenios de cooperación con algunos países. Y busca firmar otros más con China, Salvador y México y propiciar acuerdos en escenarios como Unasur.

Ante esas dificultades, el país se ha centrado en la prevención y creó el Programa Nacional de Cooperación contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, del que hacen parte el Ministerio, la Dian, la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría y el Icahn, entre otras entidades.

Pero no es suficiente para detener un negocio que, según el Icahn, está entre los primeros mercados negros del mundo, después del narcotráfico y la trata de personas.

Catalina Oquendo B.

Cultura y Entretenimiento

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